El uso de sistemas de retención infantil en el vehículo es obligatorio para todos aquellos menores con una estatura igual o inferior a los 135 cm, tanto en desplazamientos en vías urbanas como interurbanas. Los precios de estos sistemas de seguridad son variables y para muchas familias pueden resultar elevados, razón por la cual acuden al mercado de segunda mano que carece de todo control oficial, asesoramiento profesional, garantía o instrucciones.
El aumento de la compraventa de SRI de segunda mano a través de Internet ocasiona la posibilidad de que estos sistemas de retención infantil de segunda mano no funcionen de manera eficaz en caso de accidente de tráfico y, por lo tanto, los menores ocupantes de los vehículos queden expuestos a un alto riesgo que comprometa su seguridad y su salud.
9 de cada 10 sillas de auto de segunda mano no son seguras
El estudio científico realizado por AESVi desvela hasta qué punto los efectos del uso y envejecimiento de los sistemas de retención infantil pueden alterar la eficacia protectora de estos dispositivos de seguridad. Los resultados de este estudio son muy negativos y ofrecen una conclusión verdaderamente alarmante: 9 de cada 10 sillas de auto adquiridas en el mercado de segunda mano no cumpliría hoy con los criterios de seguridad con los que fueron homologadas en su momento.
Riesgos de las sillas de segunda mano
Son muchas las razones por las que las sillas de segunda mano pueden no cumplir con el Reglamento Europeo de homologación y ser, por lo tanto, peligrosas para los niños. El estudio realizado por AESVi ofrece algunas de estas siguientes razones:
- Ausencia de manual de instrucciones: documento imprescindible para obtener la homologación europea ya que proporciona la información esencial para la correcta instalación y uso del dispositivo.
- Alto grado de deterioro de los materiales de absorción de impacto: lo que supone un alto riesgo para la seguridad del niño usuario en caso de accidente.
- Envejecimiento de los tapizados: a causa del paso de los años, del uso, de las variaciones climáticas y el mal almacenamiento, lo que supone una importante pérdida de propiedades de absorción.
- Arneses defectuosos: problemas de mal enrutado, twisting, suciedad y mala conservación provocan disfunciones y falta de efectividad en el sistema de sujeción del niño, algo que se agrava en los impactos frontales.
Respuesta institucional positiva
AESVi está presentando este estudio y todas estas evidencias a aquellas autoridades y organismos nacionales y autonómicos con competencias en materia de consumo y seguridad. Así, tan pronto la Alianza informó al Ministerio de Consumo sobre los resultados del estudio, este organismo lanzó una comunicación en la que informa a los consumidores de que, a partir del 1 de septiembre de este año 2024, queda prohibida la venta de sistemas de retención infantil que no se correspondan con la normativa vigente en ese momento (ECE R129) incluso entre particulares.
El Parlamento Vasco también recibió a AESVi y agradeció a la Alianza la información ofrecida, dad su importancia para la seguridad de los niños cuando viajan en coche. Es más, los parlamentarios de la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad mostraron su interés en conocer el estudio con mayor detalle para analizar y valorar posibles vías de intervención desde su Comisión.
Por su parte, las Cortes de Aragón, y más concretamente la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, también recibieron a la representación de la Alianza para conocer en detalle los problemas detectados en los sistemas de retención infantil adquiridos en el mercado de segunda mano. Ante la relevancia de los resultados del estudio de investigación de AESVi y su incidencia directa en la seguridad de los niños y las niñas, esta Comisión se ha comprometido a realizar una declaración institucional conjunta instando al gobierno central a regular la compraventa de sistemas de retención infantil de segunda mano, documento en el que ya se está trabajando.
Falta compromiso institucional
A pesar de la enorme importancia de los resultados de este estudio para la seguridad infantil, desde AESVi somos conscientes de que aún queda mucho trabajo por hacer hasta que todos los organismos con competencias en este campo entiendan la gravedad de la situación y el riesgo para los menores que hacen uso de este tipo de dispositivos de segunda mano.
Ante las conclusiones de este estudio, el Ministerio de Consumo emitió un comunicado instando a las comunidades con competencia en el ámbito de consumo a tomar medidas para el control de stos productos, por lo que desde AESVI se inició una ronda de presentaciones del estudio en distintas Comunidades para dinamizar las acciones necesarias. La respuesta en algunos casos, tales como el Parlamento Vasco, o Las Cortes de Aragón, ha sido la del compromiso en aplicar o desarrollar medidas para minimizar estos riesgos, y cabe también decir, que en estos casos AESVI ha sido recibida y escuchada por los máximos representantes de estas instituciones.
En el caso de la Comunidad de Catalunya, representantes de la Junta Directiva de AESVI fueron recibidos en la Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya por dos inspectoras que, después de lo expuesto, manifestaron sus dudas ante las posibilidades de que esta Agencia pueda intervenir en la regulación del mercado de sillas de segunda mano. Esta respuesta resulta sorprendente cuando existe una comunicación directa del Ministerio de Consumo y cuando varios Parlamentos Autonómicos ya están trabajando, precisamente, en la regulación de un mercado y un producto esencial para la seguridad de los niños y las niñas cuando viajan en automóvil.
Hoy es más importante que nunca que las autoridades escuchen las propuestas de la Alianza para mejorar la seguridad vial infantil ya que, lamentablemente, nos encontramos ante una situación de emergencia vital sin precedentes: durante el pasado año 2023 se duplicó el número de víctimas mortales infantiles en accidentes de tráfico. 23 niños y niñas perdieron la vida en las carreteras, un hecho dramático ante el que las autoridades deben intervenir de manera inmediata y no mirar hacia otro lado.
